Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los esquemas de coordinación de seguridad y procuración de justicia que han mantenido los gobiernos en los últimos años han quedado agotados ante las condiciones de inseguridad y otros factores que siguen incidiendo en el incremento a la tasa de violencia y la percepción negativa de la ciudadanía en las labores para castigarla y contenerla. Así lo señaló Víctor Manuel Serrato, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien señaló que este es un apartado en el cual diversas administraciones y niveles de gobierno no han ofrecido mayores resultados positivos desde hace ya varios años. En este contexto, ha destacado que no sólo es una deuda de las dependencias de Seguridad Pública, sino que también se tendrían que revisar el accionar de los ministerios Públicos y las fiscalías en cuanto a la investigación e integración de expedientes al formar parte de la cadena de custodia y seguimiento a las conductas delictivas. En este tenor, refirió que, desde las cárceles municipales se tienen ya malas condiciones. También puedes leer: Seguridad, educación y justicia, derechos de los michoacanos que más se violan La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por medio de su titular, Víctor Manuel Serrato, manifestó que el modelo de seguridad pública, tendría que cambiar de acuerdo a las necesidades sociales, y que los tres niveles de gobierno deben de revisarse y ocuparse cada nivel en el ámbito de sus competencias. En entrevista, el ombudsman destacó que los resultados obtenidos en el informe de actividades que recién presentó, revelan que “las autoridades se siguen echando la bolita a la hora de la entrega de resultados”, por lo que advirtió que, en opinión de la misma Comisión, es mejor que cada corporación y que cada gobierno se avoque a sus responsabilidades de seguridad pública. “Desde la Comisión creemos que el modelo de seguridad está agotado, el modelo basado en la coordinación solo ha servido para que se diluyan las obligaciones, que la Federación se escude, los estados a los municipios, unos a otros, y hay que regresar a que cada quien cumpla con lo que dice la ley”, destacó. Subraya que las atribuciones y roles de las corporaciones son muy claras. Mientras que el artículo 115 constitucional establece como responsabilidad de los municipios las tareas de seguridad, se establece que las Policías municipales y corporaciones de seguridad de las demarcaciones, son las encargadas de las tareas de proximidad, prevención de los delitos y de atención a problemas sociales que puedan derivar en conductas delictivas. En el caso de las Policías estatales se establece que entre sus competencias es la de realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter técnico, científico y académico, en materia de seguridad pública; cumplir y hacer cumplir dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones normativas sobre policía, tránsito y movilidad; elaborar y ejecutar los programas para prevenir la comisión de delitos e infracciones y apoyar a las autoridades judiciales y administrativas para la ejecución de sus resoluciones en términos de las leyes estatales. En este caso, son los delitos del fuero común como los robos, homicidios, feminicidios y secuestros, los principales campos de acción. También puedes leer: CEDH pondrá «lupa» a investigaciones de homicidios de mujeres en Michoacán En el caso de la competencia federal, las corporaciones de este nivel de gobierno estarán en condiciones de enfrentar a los principales generadores de violencia; la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, delitos contra la salud, tráfico de armamento, terrorismo, trata de personas y producción de estupefacientes. Los órganos de investigación y procuración de justicia, así como los de reinserción social también deben atender sus respectivas competencias con procesos blindados, seguros, que impidan que malas integraciones y errores técnicos pongan libres a criminales peligrosos. Mandos coordinados Hasta hace más de una década, cada nivel de gobierno y corporaciones respetaban sus atribuciones. No obstante, en septiembre de 2010, el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, propuso la creación de un Mando Único policial por entidad federativa que suponía la eliminación de las policías municipales, idea que fue apoyada por los miembros de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), quienes se apegaron a la creación de una policía única para todo el país. Desde entonces, en los estados prevaleció el concepto y esquema de Mando Único que hasta 2018 se mantuvo. Al menos en el caso de Michoacán, los relevos de gobiernos municipales interrumpieron el constante refrendo del Mando Único, el cual pasó a llamarse “Convenio de Coordinación”. En este contexto, son 32 municipios los que se han negado a participar en las tareas de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en tanto que tampoco han dado a conocer cuáles serán los procesos que llevarán a cabo para fortalecer a sus policías municipales y brindar protección a sus habitantes. También puedes leer: Vulnerables a tortura, ciudadanos en barandillas ante falta de partes médicos y videovigilancia Desde el 2010 al cierre de esta década, las condiciones de las corporaciones municipales han empeorado, en tanto que las corporaciones estatales han crecido, mejorado y las federales han evolucionado conforme a las necesidades sociales. En el caso de las municipales, siguen siendo escasas, mal pagadas, mal armadas y en muchos casos coludidas o con conductas ilícitas que han llevado a desarme de corporaciones enteras. En su última visita al estado de Michoacán, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, exhortó a los ayuntamientos a fortalecer su estado de fuerza y a cumplir con sus obligaciones, en tanto, que refirió que las demarcaciones que no tengan la capacidad financiera para cumplir con la obligación, sedan a los esquemas de coordinación con la federación. En el caso de las fiscalías, el mismo gobernador Silvano Aureoles ha señalado que los jueces y la mala integración de carpetas dan al traste con la tarea de investigación y captura de delincuentes.
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